El caso de la sala Bóveda expone dos visiones de la ciudad de Barcelona: polo de atracción cultural o espacio de especulación inmobiliaria. La evolución del caso a pocos días del cierre de la sala así lo evidencia.

La Sala Bóveda, referencia de la música rock y heavy metal en Barcelona, como ya dimos a conocer ésta semana, se encuentra amenazada por la denuncia de un vecino que asegura sufrir molestias acústicas. Sin embargo, recientes investigaciones han sacado a la luz un hecho relevante: el denunciante no reside en el espacio presuntamente afectado por las molestias acústicas, sino que administra un coliving de alquiler temporal para estudiantes estadounidenses, lo que cambia drásticamente la percepción del conflicto.

La resolución del Ayuntamiento que ordena precintar la actividad de la sala el próximo 26 de noviembre ha puesto en pie de guerra a la comunidad musical y a la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). Según el presidente de la ASACC, Lluís Torrents, “no puede condicionar o impedir la actividad de un local que estaba antes en este espacio, menos aún si se está llevando a cabo una actividad comercial y especulativa”. La empresa Rockcelona SL, con la que opera la Sala Bóveda actualmente y antiguamente el legendario Club Mephisto, lleva 32 años en activo.

Un local de convivencia, no un hogar familiar

El inmueble que presentó la denuncia es gestionado por Living Davacia S.L., una empresa dedicada al alquiler temporal de habitaciones. Según consta en documentos oficiales y en el propio expediente administrativo, el espacio opera como un coliving comercial con siete habitaciones suite, zonas comunes de trabajo y ocio, dirigido principalmente a estudiantes estadounidenses.

Los administradores, Luis R. y Yiuliana G., explicaron que adquirieron el local en 2021 y obtuvieron la cédula de habitabilidad para convertirlo en vivienda. Sin embargo, tras lo que describen como “molestias por ruido” debido a la reapertura de discotecas y salas de conciertos tras la pandemia, optaron por abandonar el lugar y ofrecerlo en alquiler temporal.

“Es una falacia que tengamos alquilado el espacio para turistas (…) sabemos que se requiere de una licencia especial para usos turísticos y lo que tenemos es un alquiler temporal”, declararon al medio Metropoli Abierta.

No obstante, el espacio contaba con una cuenta de Instagram (@living_davacia) en la que ofertaba un “coliving corporativo” que se podía alquilar “completo o por habitaciones”. Según ha podido saber esta web, el teléfono que aparecía para formalizar reservas no era el de ninguna empresa norteamericana sino el del propio Luis R., el vecino denunciante. Las publicaciones eran tan recientes como del 18 de octubre de 2024, cuando la situación con la mítica sala de conciertos ya estaba deteriorada. Tras las investigaciones de medios y hallazgos recientes que desmontarían la versión del denunciante, ha borrado todas las pruebas existentes en la red Instagram, lo que los abogados de Sala Bóveda no dudan en calificar de “mala fé”. 

Denuncias cruzadas y documentación contradictoria

El conflicto entre ambas partes ha escalado en los últimos meses. Según documentos aportados por la Sala Bóveda, el inmueble que presentó la denuncia no está catalogado como vivienda residencial, sino como oficina. En este sentido, informes técnicos del Ayuntamiento concluyen que el local denunciado ha sido acondicionado sin la licencia correspondiente para operar como espacio de alojamiento, lo que pone en duda la legalidad del modelo de negocio del denunciante.

En los sondeos realizados por el consistorio para medir el impacto acústico, se señala que los registros se llevaron a cabo en una “oficina” y no en un espacio residencial, destacando que el inmueble funciona como alojamiento comercial. Además, el expediente confirma que el coliving, con fines lucrativos, no debería beneficiarse de las protecciones acústicas aplicables a viviendas familiares.

Por su parte, la Sala Bóveda ha aportado informes que certifican su cumplimiento con las normativas vigentes en materia de contaminación acústica. Un informe en posesión de esta redacción indica que la actividad de la sala no excede los niveles permitidos para su entorno industrial, que es el que sería de aplicación en función al plan de usos aprobado cuando la sala inició la actividad.

El papel de la “alcaldesa de noche”

En medio del conflicto, el Ayuntamiento de Barcelona ha delegado en Carme Zapata, la recién nombrada “alcaldesa de noche”, la responsabilidad de mediar en el caso. Según fuentes cercanas, Zapata ya estaría trabajando en el caso, pese a que el próximo 26 de noviembre se debería ejecutar el cese de la actividad de la sala.

El precintado de la Sala Bóveda podría marcar el final del último gran bastión del heavy metal y el rock en Barcelona, un espacio que opera desde 1992 y que ha albergado a numerosas bandas locales e internacionales. Ante esta posible pérdida, artistas y organizaciones han alzado la voz en defensa del local, argumentando que su cierre representaría un golpe irreversible para la escena cultural de la ciudad muy superior a las presuntas afectaciones denunciadas por el vecino. 

¿Cultura o especulación?

El caso ha generado un debate sobre el modelo de ciudad que busca Barcelona. Mientras que el denunciante justifica su queja como una defensa de la calidad de vida, la evidencia sugiere que sus motivaciones podrían estar más relacionadas con proteger un negocio rentable.

“Es inadmisible que una actividad cultural legítima y de interés público sea amenazada por un modelo comercial que no cuenta con la debida licencia”, recalcaron los responsables de la Sala Bóveda.

En cualquier caso, la resolución del Ayuntamiento no solo afectará a este emblemático espacio musical, sino que también sentará un precedente sobre la convivencia entre actividades culturales y nuevos modelos de negocio en zonas urbanas.

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